De Ramón Carrillo a la desaparición del Ministerio de Salud

Por Laura Gastaldi: Médica especialista en Medicina Interna. Diplomada en gestión de Servicios de Salud. Auditora médica en Obra Social Sindical

La salud pública no siempre estuvo enferma. Aunque parezca lejano y utópico, Argentina fue pionera en la construcción de un sistema sanitario modelo a nivel latinoamericano y mundial.

Fue el gran Dr. Ramón Carrillo, Ministro de Salud entre 1946 y 1954, quien llevó a cabo una labor integrada al conjunto de la política social y económica del gobierno peronista. En aquel tiempo se inauguraron 234 hospitales y se duplicó el número de camas hospitalarias (de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954). Se impulsó la instalación de la primera fábrica nacional de medicamentos (EMESTA) con el propósito de abastecer a los establecimientos públicos de todo el país. También se crearon institutos de investigación médica, centros de atención de baja complejidad en todo el territorio y se erradicaron, con campañas intensivas y ambiciosas, enfermedades endémicas como el paludismo. Se terminó con las epidemias de tifus y brucelosis, y se redujo a la mitad la mortalidad infantil por tuberculosis.

Cuando hablamos de Carrillo, hay que hacerlo con el mayor de los orgullos. No podemos desconocer que la Argentina peronista fue artífice de una de las mejores obras sanitarias de la época y precursora de los tan renombrados Sistemas de Salud europeos, de los que hicieron gala los Estados de Bienestar.

¿Cómo fue posible conseguir tantos logros? ¿Cuáles fueron las claves de aquella gestión enriquecedora?

Sin dudas, el desarrollo de la medicina preventiva y la organización hospitalaria, junto con la “centralización normativa y descentralización ejecutiva”, fueron los pilares básicos de su acción. Siempre bajo una concepción profundamente solidaria y de justicia social. Decía Carrillo: “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”. Este gran sanitarista nos enseñó que lo mejor que puede hacer el Estado por la salud de sus habitantes es cloacas y agua potable, siendo el sistema de atención sanitario solo un componente más entre los múltiples determinantes de salud de una población: “Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.”

Es también durante el gobierno peronista cuando surgieron las obras sociales sindicales. Con el poder creciente del MOO (Movimiento Obrero Organizado), se desarrolló el sistema de asistencia solidario dentro de la comunidad sindicalizada (modelo también único en el mundo, incluso en la actualidad). Los sindicatos contaban con una importante infraestructura para prestaciones sanitarias, como los policlínicos. Y comenzaron a articular la asistencia de sus afiliados con el sector público. En esa época no había casi medicina privada.

Se conformó así una realidad sanitaria donde el principal proveedor de asistencia era el sector público y el financiamiento provenía de la seguridad social integrada al mismo. Hasta 1976 el 85% de la población contaba con cobertura social y hospitalaria de alto nivel. El modelo funcionó incluso después de la desarticulación y descentralización que comenzó con el golpe de estado al gobierno peronista en 1955. El poder del movimiento obrero logró reformular y mantener el funcionamiento de las obras sociales llegando a conseguir la institucionalización de las mismas a través de la Ley de Obras Sociales, durante el gobierno de Onganía, en un intento del gobierno de facto por seducir al sindicalismo.

Recién en 1976, cuando la valorización financiera hizo su ingreso también en el sistema sanitario, aparecen los problemas estructurales con los cuales lidiamos en el presente.

El desmoronamiento de un modelo sólido y exitoso

Con la pérdida de puestos de trabajo formal, la caída de los salarios y algunos decretos que redujeron los aportes patronales, comenzó un progresivo desfinanciamiento de la seguridad social.

 El subsistema de seguridad social responde al principio de solidaridad donde el sano aporta por el enfermo y el joven por el viejo. Está compuesto por el PAMI, los institutos provinciales y 300 obras sociales de administración sindical (sólo las 17 más importantes concentran el 80% de los recursos), cada uno regulado y administrado por distintos organismos, mostrando una enorme fragmentación en su interior. Este sector se convirtió en el principal financiador del subsistema privado, que ha aumentado su capacidad instalada en los últimos 30 años, proporcionalmente al desfinanciamiento del sistema público. Esto fue producto de la pérdida de infraestructura propia de las obras sociales por falta de financiamiento y del debilitamiento de los hospitales públicos por el mismo motivo, además de la apertura a seguros de salud.

En la década del 90, el Banco Mundial, a través de créditos para programas sanitarios aislados, promovió la nefasta política de desregulación de las OS (Obras Sociales) y la reglamentación de la Ley de Riesgo de Trabajo. Las Aseguradoras de Riesgo (ART) se apropiaron así del 3% de la masa salarial de los trabajadores activos, sin brindar la cobertura correspondiente para cuidar su salud. Del mismo modo, entraron al sistema los seguros de salud o prepagas (verdaderos parásitos a los que no pudimos combatir durante el ciclo kirchnerista y que hoy están cada vez más fuertes; atienden actualmente al 10% de la población y su negocio es un negocio financiero).

La ley de desregulación permitió a los trabajadores optar por otra cobertura distinta a la de su sindicato. Las prepagas se llevaron así a los jóvenes, sanos y de mayores ingresos, “descremando” al sistema solidario. Se convirtieron en una máquina de chupar fondos (se llevan el 15% del gasto total en salud) y derivarlos hacia el sector privado.

¿Qué ocurre entonces con el sistema público?

En la Constitución Nacional del año 94, la salud pública figura en un solo artículo y define a los pacientes como consumidores. Esa es la expresión más acabada de la derrota cultural, que permitió plantear la inversión como gasto y la enfermedad como negocio.

Al subsistema público le corresponde la asistencia del total de la población del país, pero actualmente se limita a brindar atención a los sectores que carecen de otro tipo de cobertura, aproximadamente el 42% de la población.

Uno de los pilares de la dominación cultural es la fragmentación antes mencionada. En salud se expresó con crudeza en la división hasta la municipalización de los servicios. Acá encontramos un mal síntoma: descentralización y ausencia de un plan federal. Los Hospitales pasaron a ser jurisdicción provincial, y la atención primaria, dispensarios, etc., a jurisdicción municipal. Esto comenzó durante el golpe de estado del 55 y terminó de consolidarse en la década del 90. Así se logró desarticular uno de los ejes fundamentales de la gestión Carrillista: centralización normativa y descentralización ejecutiva.

Ahora bien, ¿por qué es necesaria esta centralización? La diferencia de recursos entre las distintas provincias y municipios deriva en injusticia social y genera expectativas de vida diferentes para cada región, obstruyendo cualquier intento de construcción de un proyecto nacional. Un niño de Formosa tiene una esperanza de vida 10 años menor que otro de la CABA.

 Asimismo, otra de las batallas indispensables para recuperar la soberanía en salud, es contra la medicalización y la falta de recursos en atención primaria. Mientras que en la mayoría de los países el gasto en medicamentos no supera el 10% del total, en Argentina representa el 32%. Son números que enferman. Los recursos deberían orientarse hacia la atención primaria, con acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en lugar de estar volcados a la industria farmacéutica y a la tecnología de alto costo, que no necesariamente mejoran los indicadores globales de salud en la población.

Hay una cultura de la medicalización impuesta desde la formación universitaria hasta la propaganda masiva y mediática. La formación curricular de los profesionales de la salud es en base al concepto de cura de enfermedad dependiente del fármaco, con el agravante de uso indebido de la tecnología médica como método diagnóstico precoz ante la consulta. El capitalismo ha depositado enormes esperanzas en el propio desarrollo competitivo de la tecnología. La tecnología ha infectado al sistema sanitario. Es más importante que la propia atención de la salud. La tradición del Estado de Bienestar se cayó a expensas de que el gran mecanismo de conducción de la salud sea tecnológico.

Salir de la crisis

El primer frente de combate al despilfarro debiera ser la compra centralizada por parte del estado de medicamentos de alto costo y baja incidencia, como así también de las prótesis importadas, evitando la comercialización estafadora y codiciosa, de la cual los médicos no somos ajenos. La gran mayoría de las drogas base para la elaboración de medicamentos son importadas y no contamos con producción pública (salvo en algunos laboratorios universitarios), lo que nos expone al desabastecimiento ante conflictos bélicos mundiales y al aumento indiscriminado de precios. Este es un tema clave para cuando seamos gobierno: la producción pública que permite regular los precios, orientarla hacia patologías endémicas y a medicamentos huérfanos (que no son producidos por los laboratorios multinacionales por no ser rentables), como drogas para el Chagas. Abastecer al subsector público, debilitando así el poder de la medicina privada. Y el desarrollo de una industria clave en cuanto a innovación tecnológica. Solo fortaleciendo la producción pública podemos lograr soberanía sanitaria.

Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la Ley de Producción Pública de Medicamentos, con el objetivo de impulsar a los laboratorios estatales existentes y de crear nuevos, tarea que quedó trunca y que se encuentra en franco retroceso con el actual Gobierno. En esos mismo años, se produjeron avances sanitarios importantes: obra pública, AUH (Asignación Universal por Hijo) cumplimiento y extensión de la plantilla de vacunación, ampliación de muchos programas nacionales de control de enfermedades, mayor financiamiento para programas de prevención como maternidad e infancia y control de embarazo (SUMAR), etc. Pero los problemas estructurales del sistema quedaron sin resolverse, como una deuda pendiente.

Lamentablemente, con la restauración oligárquica en curso, los problemas se profundizaron en grado extremo: desaparición del Ministerio de Salud con recorte presupuestario a todos sus programas; precios de medicamentos descontrolados sumado a reducción del programa Remediar que proveía medicamentos en atención primaria; desfinanciamiento de Hospitales provinciales por déficit fiscal en las provincias; crisis y desfinanciamiento de las obras sociales sindicales por caída del salario y aumento de la desocupación; desfinanciamiento del PAMI; sanción por decreto de una Cobertura Única de Salud (CUS), un seguro para pobres cuyo único objetivo es desviar fondos hacia el subsistema privado.

Salir de la crisis implica reconstruir un modelo nacional de salud solidario, que integre todos los subsistemas en una concepción sanitaria de profunda raíz nacional y popular, respetando los perfiles epidemiológicos, cambiando las currículas de formación profesional, apuntalando la producción pública de medicamentos e igualando las posibilidades de todos los argentinos.

Es necesario un plan nacional con participación plena de la comunidad, tanto en la planificación como en la gestión de los recursos, priorizando la prevención como eje y el desarrollo de la salud como derecho humano esencial y constitucional. Los intereses económicos y financieros que hace años predominan, ya forman parte de una estructura cultural y han producido un enorme daño en el cuerpo social argentino. La lucha es desigual, pero la batalla continúa. Reinstalar la solidaridad en salud significa afrontar los conflictos necesarios para que, siguiendo a Jauretche, digamos: “Como en las carreras cuadreras, para largar, primero emparejemos”.


Laura Gastaldi

Médica especialista en Medicina Interna. Diplomada en gestión de Servicios de Salud. Auditora médica en Obra Social Sindical

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *